Los autores abogan por la reincorporación de una herramienta que podría dar respuestas de fondo al problema habitacional.
Después de casi cuatro años, el Parque Indoamericano vuelve a ser noticia. De nuevo la violencia se cobró una vida, cuando varios centenares de personas ocuparon los terrenos del cementerio de autos lindero a la Villa 20 (Villa Lugano, Comuna 8, Ciudad de Buenos Aires), en tierras actualmente contaminadas que iban a ser destinadas por decisión legislativa a la construcción de viviendas (Ley 1770 de 2005, sistemáticamente incumplida por el gobierno porteño).
El derecho a la tierra y la vivienda emerge nuevamente invitándonos a reflexionar sobre una serie de problemas que recorren todo el país y se replican en los inquilinos encerrados en un callejón sin salida, en los agricultores y campesinos expulsados de sus tierras por los pools de siembra y en la condena al hacinamiento por la densificación y la falta de infraestructura en los barrios populares. La lista podría continuar, porque las injusticias en la distribución de la tierra nos muestran una situación profunda y compleja que ya lleva más de 500 años en nuestra América. Esta afirmación supone una fuerte toma de posición frente a los que pretenden hacer únicos responsables de los problemas a quienes los padecen y nos lleva a ordenar las cosas desde otra lógica: la tierra es ante todo un bien de uso comunitario y no sólo una mercancía; la pobreza no es algo naturalmente dado y requiere políticas públicas de redistribución; ya que todo problema social implica un derecho vulnerado. En este contexto, Estado y sociedad deben asumir en forma participativa y corresponsable la búsqueda de soluciones.
Durante estos últimos diez años, el Estado Nacional realizó importantes avances con programas sociales federales e inclusivos. Sin embargo, sabemos que esto no alcanza, y surgen nuevas dificultades cuando frente a estas políticas el mercado reacciona aumentando el precio del suelo y los materiales de construcción. La propuesta se reitera: se hace imperioso desarrollar más políticas públicas en las cuales se involucren todos los actores afectados. Donde el Estado pueda regular el mercado del suelo, y tengamos mayor participación popular en el diseño, la gestión y el monitoreo de los programas sociales.
Una oportunidad histórica se abre en estos próximos meses. La Cámara de Diputados tiene que votar el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial. El actual data de 1869 y fue gestado por quienes consolidaron el modelo de estado liberal, agroexportador, concentrador de la tierra. Reincorporar la "función social de la propiedad" en el nuevo código, como ya existía en la Constitución del '49 y fue propuesto por numerosas organizaciones en todas las audiencias públicas, nos dará una herramienta para generar respuestas de fondo. No se niega el derecho de propiedad, pero se lo condiciona al beneficio de la comunidad. La propiedad no puede estar ociosa; si no cumple una función, perjudica a la sociedad. El Estado tendrá así otra herramienta para promover la participación ciudadana e impedir que haya viviendas vacías o terrenos baldíos; podrá promover que haya más viviendas para alquilar y más tierra a la venta con mejores condiciones y garantías para las partes, anticipar el problema y no correr tras la emergencia.
La violencia del conflicto en el Indoamericano, las aulas container y el ajuste en la Ciudad de Buenos Aires son algunos remanentes del modelo implementado por la dictadura y continuado en los noventa. Enfrentándolo hay una sociedad que necesita decisión política y de la participación de tod@s para consolidar los cambios que estén a la altura de la nueva época.
